La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura rechaza cambios legislativos que debilitan las condiciones para la minería formal y advierten que la norma aprobada en comisión podría beneficiar redes de lavado de activos y narcotráfico.
En los últimos siete años, la minería ilegal se consolidó como la principal economía criminal del Perú, superando incluso al narcotráfico con un movimiento de US$ 8,200 millones de origen delictivo. Sus consecuencias no son solo económicas: los distritos con mayor concentración de minería ilegal —Pataz en La Libertad, Atico en Arequipa y Ananea en Puno— registran tasas de homicidios hasta diez veces superiores al promedio nacional. Son las zonas más peligrosas del país, y la conexión con la actividad minera ilegal está documentada.
Frente a ese escenario, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresa su rechazo formal a la aprobación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso del dictamen del Proyecto de Ley N° 8853-2024-CR, que introduce modificaciones sustantivas a las condiciones económicas de las concesiones mineras, y que fue aprobado sin consulta técnica a los gremios ni a los actores del sector.
Lo que está en juego: US$ 63,000 millones
La minería formal es uno de los pilares de la economía peruana. Genera empleo directo para cientos de miles de trabajadores, produce divisas y financia, a través del pago de impuestos y canon, obras de infraestructura que llegan a municipalidades, gobiernos regionales y ministerios en todo el país.
La cartera de proyectos mineros formales proyectados al momento asciende a US$ 63,000 millones. Esa cifra representa hospitales, carreteras, escuelas y empleos que dependen de que el Perú mantenga condiciones claras, estables y confiables para la inversión.
Modificar las reglas de juego de las concesiones mineras en plena campaña electoral —sin debate técnico, sin consulta a expertos y sin evaluar el impacto sobre la confianza inversora— pone en riesgo ese flujo de recursos. Y las consecuencias no las paga el Congreso. Las pagan los peruanos.
Una ley pendiente que no puede aprobarse a la ligera
La SNCI reconoce que existe un sector real de pequeños productores mineros que requieren un marco legal que facilite su formalización. Para ello está pendiente la elaboración y aprobación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), una norma necesaria pero que debe diseñarse con absoluta responsabilidad técnica.
El riesgo es concreto: normas mal diseñadas o aprobadas sin los controles adecuados pueden convertirse en puerta de entrada para redes de narcotráfico y lavado de activos que esperan exactamente este tipo de ventanas legales para blanquear capitales a través de la actividad minera informal.
La SNCI hace un llamado urgente al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Energía y Minas para que, antes de avanzar con cualquier modificación normativa al sector minero, se convoque a un diálogo técnico amplio, transparente e inclusivo con todos los actores del sector.
“El Perú no puede darse el lujo de ahuyentar inversión formal mientras la minería ilegal sigue expandiéndose, financiando crimen y destruyendo territorios”, sostienen desde la SNCI.